Compartimos el comunicado que la Asamblea cántabra por las libertades y en contra de la represión ha hecho público ayer en su página, en apoyo y solidaridad con nuestra causa.
El próximo martes 17F compareceremos públicamente para explicar lo que realmente ocurrió y lo que rodea a este montaje policial.
"El auto de transformación de las diligencias previas 986/2014 en procedimiento abreviado en el que el juez de instrucción N 4 de Santander, Luis Enrique García Delgado, imputa a nueve jóvenes cántabros por el escrache al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, es un documento politizado y de una falta de proporción evidente entre lo ocurrido el 17 de febrero de 2014 y los delitos por los que el juez les imputa.
La Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES) considera que, en este caso, el juez pierde todo sentido de la proporcionalidad aplicando a los 9 jóvenes artículos del Código Penal diseñados en la lucha contra la ‘kale borroka’ (como el artículo 557.1 del Código Penal) en un contexto de conflicto terrorista.
LIBRES confía en que la fiscalía no considere estos posibles delitos como imputables a unos jóvenes que sólo hicieron un escrache pacífico a Diego y cuyo único delito es haber reaccionado sin violencia ante la actitud agresiva de la escolta del presidente.
De seguir adelante este proceso aplicando el auto del juez García Delgado, a cuatro de estos jóvenes se les podrían pedir penas acumuladas de entre 4 y 9 años de cárcel, además de las multas conexas. En otros tres casos, las penas irían de 6 meses a 3 años. Los dos últimos sólo serían juzgados por faltas contra el orden público.
La Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES) manifiesta su preocupación por el poco usual auto de 13 páginas en el que copia literalmente en los antecedentes sobre los imputados unos supuesto insultos de alto calibre que todos habrían repetido sin variación alguna contra los escoltas de Diego. Este auto altamente politizado se basa, en exclusiva, en las declaraciones de los agentes de policía y trata a unos jóvenes que ejercieron su legítimo derecho a la protesta como auténticos terroristas.
Recordamos, además, que en el caso se persona como acusación el propio Gobierno de Cantabria."
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