CIENTOS
DE PERSONAS PROCLAMAN EN LA UNIVERSIDAD QUE #PREGUNTARNOESDELITO.
Hoy hemos comparecido
en la rueda de prensa de la asamblea de #PreguntarNoEsDelito no sólo las
personas imputadas, sino también amigos, familiares y una parte representativa
de la sociedad civil, que ha querido acompañarnos, entendiendo que hoy
nos tocaba a nosotros afrontar este juicio por defender pacíficamente la
Educación Pública, pero mañana podría tocarle a cualquiera si no nos
unimos para hacer frente a este tipo de injusticias y abusos.
Explicamos cómo
vivimos aquel 17 de febrero.:
Hace un año se
organizó en esta Universidad un acto “de libre acceso hasta completar aforo” que bajo
el título ‘Tengo una pregunta para usted’, se publicitaba como “un
momento excepcional para plantear al presidente de nuestra Comunidad nuestras
reflexiones e inquietudes, y un ejercicio de transparencia”.
Acudimos a éste en
actitud pacífica, encontrando
un despliegue de la seguridad privada instalado en los accesos al
edificio de la Universidad, que nos impedía entrar al acto sin aportar ningún
tipo de justificación. No comprendíamos cómo, incluso presentando la
tarjeta de la Universidad, se nos prohibía el paso.
Al permitirse sólo
acceder a personas afines, el acto acabó desarrollándose en una sala semivacía con más gente
fuera que dentro. Al no poder ejercer nuestro derecho a acudir a un
acto PÚBLICO para formularle al presidente de la comunidad nuestras preguntas,
trasladamos nuestro descontento con sus políticas a la conclusión del mismo.
Ignacio Diego monta
en el coche sin el menor impedimento y abandona la Universidad, declarando incluso
al día siguiente en el Diario Montañés haber estado “muy a gusto”.
Una vez ya había
abandonado el lugar, uno de los escoltas propinó un puñetazo en la nuca y una
bofetada a dos de los jóvenes. Esas agresiones, totalmente gratuitas, generaron
lógicamente los reproches de los allí presentes.
Fue entonces cuando
llega al lugar la Policía. Ésta responde a nuestra solicitud de identificar al
escolta que nos agredió, pidiéndonos la identificación a dos de nosotros.
Nadie podía imaginar
que, 8 días después, nos
enteraríamos por la prensa de que se había puesto en marcha una investigación
judicial sobre 9 jóvenes. No supimos que se trataba de nosotras
hasta que nos llamaron a declarar. Imaginad por un momento cómo os
sentiríais si de forma totalmente inesperada e injustificada os vierais
acusados de:
- Falta de injurias y
amenazas.
- Falta continuada
contra el orden público.
O más increíble aún:
- Delito de
Daños agravados (multa de doce a veinticuatro meses y entre 1 y
3 años de cárcel).
- Delito de
Coacciones (multa de doce a veinticuatro meses y de 6 meses a 3 años
de cárcel).
- Delito de
Desórdenes públicos (de 6 meses a 3 años de cárcel).
- Delito de Atentado agravado (de 4 a 6 años de cárcel).
- Delito de Atentado agravado (de 4 a 6 años de cárcel).
Delitos que pueden
suponer hasta 12 años en prisión y sumarían un total de 42 entre todos los
imputados.
12 años de prisión
por no dejarnos amordazar en un acto público.
12 años de prisión
por defender la Educación Pública.
El auto judicial, a
partir de las declaraciones de los escoltas, el chófer y el Jefe de Gabinete
del Presidente, ha dibujado un escenario totalmente irreal, con una barrera
de tres personas que impedían el acceso al coche oficial,
intentos de entrar al vehículo cuando el Presidente estaba en su interior,
agresiones, una pancarta tapando el parabrisas… nada de eso ocurrió y
lo vamos a demostrar.
Han llegado incluso a
presentar facturas por daños a unos coches que en las fotografías se observa
cómo se marchan sin mácula, o a afirmar que “intentamos agredir al Presidente
en todo momento”, lo cual es rotundamente falso. Sin embargo, el
testimonio de la periodista, única persona imparcial en estos hechos, no ha
sido tenido en cuenta por contradecir la versión oficial.
Por ello, hemos presentado un recurso, aportando el testimonio de tres periodistas más y pruebas definitivas.
Nos hemos visto
envueltos en un proceso angustioso que no sólo nos está afectando en nuestra
vida cotidiana sino que repercute duramente en la gente que nos quiere.
Desde hoy, vamos a
poner en marcha la campaña #PreguntarNoEsDelito, para dar a conocer
nuestro caso y canalizar la solidaridad a través de un formato de
autoinculpación simbólico. Nos negaron el derecho a preguntar y lo vamos a
reconquistar con creces, entre todas y todos. Hacemos un llamamiento a
acompañar la etiqueta #PreguntarNoEsDelito con la pregunta que queráis hacerle
a Ignacio Diego. Que la injusticia y el abuso que estamos sufriendo
sirva para visibilizar todas las injusticias y abusos que sufrimos en
Cantabria, en cada pueblo, en cada barrio, en cada centro de estudios, en cada
puesto de trabajo…
Agradecemos
enormemente la solidaridad y las muestras de apoyo de tanta gente, de tantos
amigos, compañeras, personas desconocidas que son conscientes de la importancia
y la gravedad de este proceso. Esto nos da fuerza para continuar defendiendo los
derechos sociales y aquello que creemos justo.
Muchas gracias.
Ignacio Diego: ¿Sabes que no hemos de callar por más que con el dedo silencio avises o amenaces miedo?
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